De Telepizza a Quirón Salud: Todas las soluciones privadas de Ayuso

Un año y un mes después de que Isabel Díaz Ayuso fuera investida como presidenta de la Comunidad de Madrid, las polémicas que han suscitado sus colaboraciones público-privadas han sacudido todo su mandato. La llegada de la pandemia no cambió la receta estrella de Ayuso, que siguió tratando de salvar Madrid con el manual económico neoliberal del Partido Popular.

Comedores, rastreadores o la realización de tests serológicos y PCR son algunos de los servicios en los que se ha buscado la alternativa privada, levantando una polvareda de quejas por parte de los defensores de los públicos.

COMEDORES

Cuando el coronavirus estaba mostrando su peor cara, y con el estado de alarma instaurado en nuestro país, la Comunidad de Madrid se percató de que los problemas económicos de muchas familias madrileñas impedirían a 11.500 niños recibir una comida saludable sin contar con el comedor escolar.

Ante este dilema, Díaz Ayuso quiso conciliar políticas sociales y capitalismo recurriendo a la empresa de comida rápida Telepizza y a la firma de sándwiches Rodilla para entregar a estos alumnos en situación vulnerable un menú infantil diario gratis. Pese a que el gobierno madrileño insistió en que el menú acordado con Telepizza solo incluía una pizza a la semana, el ministerio de Sanidad finalmente impidió esta colaboración público-privada.

RASTREADORES

Madrid necesitaba rastreadores para controlar que los infectados por Covid-19 extendieran la enfermedad entre amigos y familiares. Para conseguirlos, Ayuso no tiró de personas en paro, sino que contrató a la empresa privada Quirón Prevención.

La licitación, fechada el pasado 7 de agosto, inyectó en la firma privada unos 194.223,15 euros, con una duración de tres meses.

Ayuso intentó, antes de pasarle el testigo a Quirón, conseguir rastreadores a base de contratar a estudiantes universitarios pero sin pagarles nada. Al no conseguir el objetivo, se contrató a Quirón, que igualmente parece no ser suficiente dado que Madrid sigue sin contar ni con la mitad de rastreadores que debería según organismos internacionales.

REALIZACIÓN DE PRUEBAS

A la par que rastreadores, lo segundo que necesitan hacer las comunidades para frenar al Covid-19 es realizar el mayor número de pruebas posibles, test serológicos o PCR.

Para este fin, Ayuso volvió a echar manos de contactos en la privada, esta vez adjudicando a Ribera Salud por 10 millones de euros los PCR de seis hospitales y los test serológicos realizados a 100.000 profesores días antes de la vuelta al cole en la comunidad.

Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud.

En concreto, los PCR de seis hospitales madrileños fueron adjudicados a UTE por 448.000 euros, una empresa nacida de la fusión temporal de Ribera Salud y Unilabs para ofrecer servicios mientras dure la crisis sanitaria. Asimismo, UTE se llevó por 3,4 millones de euros la gestión de las pruebas realizadas en centros de atención primaria.

PISOS

A finales de junio, la presidenta de la Comunidad firmó el llamado “pacto regional por la vivienda” junto a las principales empresas inmobiliarias de la capital. El objetivo, liberalizar antes de que acabe este año hasta 1.200.000 metros cuadrados de suelo público. El PP regional presume de la medida en cuanto a que estiman que supondrá la creación de 1.500 puestos de trabajo y la construcción de 15.000 viviendas con “alquileres asequibles” en los próximos tres años, recoge El País.

Sin embargo, ya que no se consultó a la oposición sobre el acuerdo, todos los partidos excepto Vox han mostrado su rechazo. Paralelamente, el portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Javier Gil, aquejó: “Con este pacto quieren convertir a Madrid en refugio del capital especulativo”.

BICIMAD

Este último punto se le adjudica a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que en sus esfuerzos por mejorar el servicio público de bicis ‘BiciMAD’ ha acabado suscitando gran cantidad de críticas tras anunciar recientemente el nuevo servicio ‘BiciMAD Go’.

BiciMAD Go es el despliegue de 4.800 bicicletas eléctricas ‘free-floating’ por la capital, cuyo uso es más caro que las BiciMAD normales. De hecho, muchos usuarios han criticado que por su precio sale incluso más barato coger un vehículo compartido que usar este servicio, de 0,19 céntimos por minuto.

Además de a la empresa de transporte público EMT, Almeida adjudicó la compra de estas bicis a las firmas privadas Brikty, Ride On Consulting, Idribk Spain, Secure Potential System SLU y Mobilitas Futurus S.L.

La portavoz de Mas Madrid Rita Maestre criticó este servicio el pasado 16 de septiembre, cuando dijo: “El gobierno de Almeida está dejando morir el servicio para favorecer otros servicios privados, tratando de hacer cargar sobre las espaldas de los vecinos de fuera de la M30 un precio extraordinariamente alto, que no tiene nada que ver con el servicio público que se venía prestando”, indicó.

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